La patronal pide no subir el IRPF porque afecta a “la clase media”
La patronal Foment pide no aplicar el acuerdo entre el Govern y los “comunes” de subir el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) a las rentas superiores a 900.000 euros anuales debido a que “produce un aumento de la carga impositiva sobre la clase media”. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal, solicita la “supresión” del artículo 64 de la ley de acompañamiento que introduce la nueva escala autonómica de este impuesto “desde el 1 de enero de 2020”.
La reforma a la que se refiere Foment consiste en que el cuarto tramo del IRPF, el que iba de los 53.000 euros a los 120.000, se parte en dos, de manera que quienes ganen hasta 90.000 euros tendrán que seguir pagando un 21.5%, aunque a partir de esa cantidad y hasta los 120.000 euros, tributarán el 23.5%. En el caso de las rentas que van desde los 120.000 euros a los 175.000 euros, su carga fiscal aumentará de 23.5% al 24.5%, mientras que quienes ingresan más de 175.000 euros al año se mantendrán en el 25.5%.
Por otro lado, la patronal Pimec se ha pronunciado sobre el incremento del tramo autonómico del IRPF para las rentas a partir de 90.000 euros alertando de que esta medida “estimula la creación artificiosa de sociedades”, algo que podría ser “contraproducente” para el objetivo de aumentar la recaudación. Además, afirma que este aumento del IRPF “afecta a empresarios individuales, profesionales y autónomos” que “asumen el componente de riesgo y la necesidad de reinvertir el rendimiento neto obtenido para la continuidad de su actividad económica”.
Foment, en su voto particular, pide eliminar este nuevo impuesto catalán a las instalaciones que inciden en el medio ambiente y califica de “desmesurada” la cuota tributaria de este impuesto que se quiere aplicar al sector energético. La patronal catalana, además, ha llevado a cabo un planteamiento de diversas modificaciones para reducir el impacto de la reforma sobre Sucesiones planeada por el Govern. Dejando a un lado las distintas posturas, el pleno del CTESC (Consell de Treball, Economic I Social de Catalunya) ha aprobado un dictamen en el que este organismo “constata una falta de transparencia sobre el destino del fondo del impuesto turístico desde su implantación en 2012, especialmente desde los gobiernos municipales”.
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