La nueva reforma fiscal de Colombia

Colombia aprueba su reforma fiscal que incluye medidas muy similares a las de la ley nº1943/2018, declarada inconstitucional por defectos procedimentales

 

Colombia aprobó el pasado 27 de diciembre la ley de reforma fiscal colombiana _(ley número 2010 de 2019) con efectos desde el 1 de enero de 2020. Esta ley incluye algunas medidas muy similares a las incluidas en la reforma fiscal anterior con la ley 1943/2018, declarada por el tribunal constitucional colombiano como “inconstitucional” debido a defectos procedimentales.

Entre las medidas introducidas por la nueva ley 2010/2019 se encuentran la reducción progresiva del tipo de impuesto sobre la renta de un 33% a un 32% para el ejercicio fiscal 2020, un 31% para 2021 y 30% para 2022 y así sucesivamente, el incremento temporal del tipo de impuesto sobre la renta para instituciones financieras con un 4% adicional para el ejercicio fiscal 2020 y un 3% para el 2021 y 2022, además de la eliminación gradual del impuesto sobre la renta presunta con una reducción de hasta el 0,5% para el ejercicio fiscal 2020 y el 0% para 2021 en adelante.

En lo que a las normas relativas a la subcapitalización se refiere, se aplicarían exclusivamente a deudas entre partes vinculadas, domésticas o fronterizas, con un ratio de 2:1. La reforma fiscal colombiana también introduce un nuevo régimen para entidades holding, la creación de un régimen de transparencia fiscal internacional (CFC), la tributación de las transferencias indirectas de activos colombianos como, por ejemplo, las acciones emitidas por compañías colombianas, y un nuevo Régimen para Mega Inversiones con un aumento de 250 a 400 en el requisito de nuevos puestos de trabajo asociados directamente al desarrollo de esta inversión.

La nueva reforma fiscal colombiana introduce incrementos en el tipo general de retención en pagos a no residentes a un 20%, en el tipo de retención sobre dividendos a entidades no residentes al 10% (anteriormente de 7,5%) y un aumento al 33% del tipo de retención en pagos a no residentes por servicios administrativos.

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