COVID-19: Novedades en la aplicación de ERTES por las entidades españolas

Las nuevas medidas harán frente al impacto económico y social del COVID-19

El pasado 17 de marzo, el Gobierno español publicó el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes contra el COVID-19. El fin de esta nueva normativa es hacer frente al impacto económico y social que está produciendo la expansión del virus en el país. Entre las medidas previstas por este Decreto, destacan las relativas al área laboral.

Respecto a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (ERTES), se podrán aplicar a ciertas especialidades:

  1. El inicio de este proceso se hará mediante la solicitud de la empresa a través de un informe que acredite la vinculación directa con el COVID-19, así como la documentación correspondiente. Esta solicitud deberá ser comunicada a los empleados de la entidad.
  2. La existencia de fuerza mayor deberá ser contrastada por la autoridad laboral, independientemente del número de personas trabajadoras afectadas.
  3. La resolución de esta solicitud será dictada en un plazo de cinco días con un previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Para llevar a cabo estas medidas, la entidad debe comprometerse a mantener el empleo de sus trabajadores durante un plazo de seis meses desde la reanudación de la actividad. En el caso de que la entidad decida una suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, relacionadas con el COVID-19, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

  1. Si los empleados no cuentan con representación legal, la comisión para la negociación del período de consultas deberá estar integrada por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa. Además, estará formada por una persona por cada uno de los sindicatos y tomará las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. La ausencia de esta representación será sustituida en cinco días por tres trabajadores de la propia empresa.
  2. El período de consultas entre empresa y comisión no deberá exceder el plazo máximo de siete días.
  3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será evaluado en un plazo improrrogable de siete días.

El nuevo Decreto también incluye medidas extraordinarias relativas a los ERTES de las empresas españolas. En primer lugar, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la entidad del abono de aportación empresarial a la Seguridad Social mientras dure el ERTE. Ante ello, la empresa deberá tener menos de 50 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. En caso contrario, la exoneración alcanzaría el 75% de la aportación empresarial.

Finalmente, dicha exoneración se aplicará a instancias del empresario, siempre que este último haya comunicado, previamente, la identificación de los trabajadores y el período de la suspensión o reducción de la jornada. Para el control de la exoneración, el Servicio Público de Empleo Estatal deberá verificar un reconocimiento de la prestación por desempleo.

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Etiquetas: Fiscalidad, España, Gobierno, Coronavirus, Laboral, ERTE, Empleo