asesoria fiscal expatriados

 

La nueva obligación informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a la que los contribuyentes tuvieron que hacer frente a principios del pasado año, y a la que volverán a enfrentarse en los próximos años, (el plazo para su presentación se extiende desde el 1 de enero a 31 de marzo), no ha pasado desapercibida por la extralimitación normativa que se ha producido con su aprobación.

 

DESCRIPCIÓN:

La consultante ha adquirido por herencia una vivienda que está reformando para destinarla al arrendamiento.

CUESTIÓN:

Tratamiento fiscal de los gastos de reforma y de otros gastos en que pueda incurrir hasta tener ingresos por arrendamiento.

 

DESCRIPCIÓN:

La sociedad A tiene como objeto social la extracción y trituración de áridos y sus derivados, así como su comercialización, siendo su capital social propiedad de personas físicas.

 

Según el anteproyecto propuesto los nuevos autónomos deberán cotizar obligatoriamente por la prestación por cese de actividad, si bien la cotización por accidentes profesionales (que se contrata anualmente) será voluntaria.

Así, tras la entrada en vigor de la ley de mutuas, que modifica el sistema de protección frente al desempleo de este colectivo, los autónomos que se den de alta en la Seguridad Social estarán obligados a cotizar por paro y podrán acceder a la prestación transcurrido un año.

 

Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de contribuyentes por el IRPF, durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando, en los términos que se establezcan reglamentariamente, se cumplan las siguientes condiciones:

 

Como medida complementaria a la regularización voluntaria o “amnistía fiscal” aprobada por el gobierno a través de la presentación de la Declaración Tributaria Especial, se establece en la Ley 7/2012, de 29 de octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude,  una nueva obligación tributaria de carácter formal, la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

 

Desde la de 13 de noviembre de 2008, en la que el Tribunal Supremo confirmaba la no deducibilidad de las retribuciones percibidas por los administradores en el Impuesto sobre Sociedades de la compañía, se han dado muchas vueltas acerca de las implicaciones fiscales que se derivaban de este criterio jurisprudencial.

La Audiencia Nacional (AN), en su sentencia de 21 de noviembre de 2013, se ha pronunciad sobre el alcance del principio de proporcionalidad en el ámbito sancionador tributario, concretamente en relación con la infracción prevista en el artículo 191.6 de la LGT. Este artículo sanciona la falta de ingreso en plazo de tributos que hubieran sido incluidos por el contribuyente en una autoliquidación posterior pero sin cumplir con los requisitos previstos en la ley para que pueda considerarse como una regularización espontánea y, consecuentemente, libre de sanción.