Las novedades fiscales de Argentina
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva incluye cambios fiscales
El pasado 23 de diciembre, Argentina publicó la ley nº 27.541 en su Boletín Oficial. Dicha ley quedó reglamentada el 28 de diciembre tras la publicación del Decreto 99/2019 en el boletín.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva ha introducido una serie de cambios fiscales en la República de Argentina que afectan directamente a diversos impuestos. Entre ellos se encuentra el Impuesto sobre los Bienes Personales, por el cual los contribuyentes que residen en el país tributarán por sus bienes a nivel internacional, mientras que los no residentes tributarán por los bienes ubicados en Argentina. A esto se une el aumento de los tipos progresivos aplicables en dicho impuesto, que oscilan entre el 0.50% al 1.25%. Respecto al Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, esta ley ha determinado que el dinero en efectivo que se extraiga de la cuenta bancaria de una entidad financiera local por una empresa argentina deberá devengar un 1.2% de este impuesto.
El Impuesto a las Ganancias también sufrirá modificaciones, ya que esta ley ha determinado que se suspenda la reducción del tipo impositivo al 25% y la retención sobre dividendos del 13% en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2021. De esta manera, el tipo impositivo que se aplica a este impuesto se mantendrá en 30% este año, con una retención del 7% en distribuciones de dividendos. Además, el importe que corresponde a los ejercicios de 2019 y 2020 se deberá imputar una sexta parte en ese ejercicio y lo restante en los cinco ejercicios siguientes de manera igualitaria.
En cuanto al Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), se ha establecido un 30% sobre la compra de divisas sin destino específico, compras en sitios que se facture en dólares o pagos de servicios prestados por no residentes, entre otros. Este impuesto durará 5 ejercicios y se aplicará a personas físicas y jurídicas. Finalmente, se ha aprobado la regularización de obligaciones tributarias, de seguridad social y aduaneras que vencieron el 30 de noviembre de 2019 sin multas, sanciones o intereses de demora. Ante esto, los contribuyentes podrán llevar a cabo la regulación fiscal de las PYMES hasta el 30 de abril de 2020.
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